Desde inicios de 2025, la Ley Nº 32199 ha introducido modificaciones sustanciales en la gestión laboral del sector público peruano. Esta norma, que modifica el Decreto Legislativo 276, busca unificar los procedimientos de retiro, licencias y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con el fin de optimizar la administración del personal estatal y garantizar una mayor equidad entre los trabajadores.
Entre los principales cambios destaca la fijación de un nuevo límite de edad para trabajar en el Estado, así como la actualización del cálculo de la CTS, aspectos que impactarán directamente en miles de servidores públicos a nivel nacional.
Nuevo límite de edad para trabajar en el sector público
Uno de los puntos más relevantes de la Ley Nº 32199 es la modificación del tope de edad para los trabajadores del Estado. Según la nueva regulación, los empleados públicos podrán continuar laborando hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan 70 años, fecha en la que deberán iniciar su proceso de retiro por jubilación.
Esta disposición busca establecer un marco uniforme para todos los regímenes laborales del Estado, evitando las discrepancias que existían anteriormente entre entidades y niveles de gobierno. Con ello, se pretende facilitar la planificación institucional y garantizar una transición ordenada hacia la jubilación, sin afectar los derechos laborales adquiridos.
Además, la ley permite que las entidades públicas organicen con anticipación los procesos de reemplazo y reasignación de personal, asegurando la continuidad de los servicios administrativos.
Cambios en las licencias laborales para los empleados del Estado
Otro de los ajustes significativos que introduce la Ley Nº 32199 está relacionado con las licencias laborales. La norma amplía el tiempo total que un trabajador estatal puede solicitar dentro de un periodo determinado.
De acuerdo con el nuevo texto, los empleados públicos podrán acumular hasta tres años de licencia, ya sea en periodos cortos o continuos, dentro de un lapso de cinco años. Este cambio busca otorgar mayor flexibilidad al personal del Estado, permitiendo que los servidores puedan atender asuntos personales, familiares o de salud sin perder la estabilidad de su cargo.
Con esta medida, el Gobierno apunta a modernizar la gestión de recursos humanos y adaptar el marco laboral del Estado a las nuevas realidades sociales, donde la conciliación entre vida personal y trabajo adquiere un papel fundamental.
Ley Nº 32199: ¿Cómo se calcula la CTS en el sector público?
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores del sector público también ha sido redefinida bajo los criterios de la Ley Nº 32199.
Según la nueva normativa, el monto a recibir equivale al 100% de la remuneración total del trabajador, incluyendo los beneficios permanentes. Este pago se efectúa luego de un año completo de servicio, aunque también aplica para periodos laborales que superen los seis meses de labores.
El cálculo de la CTS incorpora componentes específicos, como la Escala Base del Incentivo Único – CAFAE y el Monto Único Consolidado (MUC), ambos promediados en base a los últimos 36 meses de servicio. De esta forma, la ley busca que el beneficio sea proporcional y equitativo para todos los trabajadores del Estado, independientemente de su nivel o cargo.
Asimismo, en caso de que un trabajador que cesó en el sector público vuelva a ocupar un puesto en la administración estatal, la CTS previamente abonada será considerada para el cálculo del nuevo tiempo de servicio. Este mecanismo busca evitar duplicidades en los pagos y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos.
Objetivo de la Ley Nº 32199: unificar y modernizar la gestión laboral estatal
El propósito central de la Ley Nº 32199 es armonizar las normas que regulan la carrera administrativa del sector público, unificando los criterios sobre retiro, jubilación, licencias y beneficios.
Hasta antes de su aprobación, existían diferencias entre los regímenes laborales estatales —como el 276, 728 y CAS—, lo que generaba inequidades en la aplicación de derechos y beneficios. Con la entrada en vigor de esta norma, el Gobierno busca simplificar los procedimientos administrativos, mejorar la transparencia y garantizar un trato uniforme para todos los servidores públicos.
